Carta por la Justicia social en una nueva Constitución

Rivera de Belén, Costa Rica, 26 de agosto 2009

Palmerolo
Amigo:

Siempre leo tus cartas por eso hoy me tomo la facultad de escribirte. Te escribo desde Costa Rica para ilustrarte un poco de cómo no fue gratis como Costa Rica alcanzó la abolición del ejército, pero que ha valido la pena alcanzar la democracia, hacerla sostenible y progresar con bastante nivel de confianza.

Todo el mundo sabe que en Costa Rica no existe ejército desde el día de su abolición el primero de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho. La Nueva Constitución Política que entró en vigencia el 8 de noviembre de 1949 es clara y contundente en su artículo 12: “Se proscribe el ejército como institución permanente. Para la vigilancia y conservación del orden público, el Estado contará con las fuerzas de policía necesarias. Sólo por convenio internacional o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares, las cuales, lo mismo que las de policía, estarán siempre sujetas al Poder Civil, y no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones, en forma individual ni colectiva”.
La abolición del ejército en Costa Rica no fue un regalo, fue más bien una conquista de los costarricenses que tuvo su precio en sangre. La guerra civil de 1948, en la que triunfaron las fuerzas del Movimiento de Liberación Nacional dirigidas por el legendario José Figueres Ferrer, produjo más de dos mil muertos. Luego de un intento de golpe de Estado a la Junta de Gobierno presidida por Figueres, éste, acompañado de otros miembros del Gobierno Provisional, se dirigió al Cuartel Bellavista en San José e improvisó una ceremonia en la que, con dos golpes de mazo, desprendió algunas piedras de la pared del cuartel y declaró que, desde aquel día, el ejército quedaba proscrito en Costa Rica. La nueva Constitución Política de noviembre de 1949, oficializaría aquella histórica decisión.
A propósito del histórico acontecimiento, José Figueres Ferrer, siendo un legítimo jefe victorioso, afirmó que “las victorias militares por sí solas valen poco. Lo que sobre ellas se constituye es lo que importa”. ¿Qué se constituyó y qué ganó Costa Rica por abolir el ejército? No cabe duda de que semejante medida sólo beneficios le trajo a Costa Rica. He aquí algunos de esos beneficios:
Los recursos financieros que se hubieran mal utilizado en mantener un ejército se invirtieron en amplios programas de salud, educación, promoción de la cultura, instalación de modernas redes de energía eléctrica y telecomunicaciones, servicios de agua potable y seguridad social en general. Junto con la proscripción del ejército, la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la nacionalización bancaria y el reconocimiento del derecho al sufragio para las mujeres, inauguraron una nueva era histórica para Costa Rica. Este país vería cómo, en los siguientes treinta años, la clase media se amplió de una forma considerable, a tal grado que es considerada hoy en día uno de los países políticamente más estables del continente americano y del mundo.
Sin duda, Costa Rica no habría logrado semejantes niveles de desarrollo material y humano si hubiera tenido que mantener un ejército ocioso. Si hay un país cuya gente está orgullosa de no tener ejército, ése país es Costa Rica. Lograr el mayor bienestar posible al mayor número posible de ciudadanos ha sido una consigna constante de los gobiernos civilistas de Costa Rica. Con un 20 por ciento de población todavía en condiciones de pobreza, todavía queda mucho por hacer, pero lo hasta ahora logrado es digno de reconocimiento mundial. Esos logros fueron en gran parte gracias a la creación de las mejores condiciones posibles para vivir en un ambiente de paz, apoyo permanente a le educación y la cultura, respeto al ambiente, los derechos humanos y políticos de los ciudadanos. Costa Rica es hoy en día miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y desde ese foro mundial hace esfuerzos por llevar adelante su política de paz y no militarización en el mundo.
¿Y Honduras? El caso de Honduras es también universalmente conocido. Amamantadas ideológicamente en la tradición de la guerra fría iniciada al término de la segunda guerra mundial, las llamadas Fuerzas Armadas de Honduras no han podido superar dicha etapa histórica. No faltó quien pensara que, con la creación de la Guardia Civil durante el Gobierno de Villeda Morales (1957-1963), los días del ejército estaban contados. La institución militar siempre sospechó del cuerpo policial y terminó por destruirlo de forma violenta en el cruento golpe de Estado contra el Gobierno democrático de Villeda Morales en octubre de 1963. Sería hasta 1982, con la inauguración de una nueva etapa de procesos democráticos formales en Honduras, que las Fuerzas Armadas volverían a sus cuarteles y a sus supuestas funciones naturales señaladas en los 22 artículos del Capítulo X de la nueva Constitución Política promulgada en noviembre de 1982. “De la que nos libramos”, pensaron muchos bienintencionados al inaugurarse una nueva etapa de gobiernos civiles surgidos de elecciones libres. Pero la verdad fue que, en la década de los ochentas, la mentalidad de guerra fría se manifestó de la forma más brutal dentro de las Fuerzas Armadas al enrolarse en una guerra sucia que provocó muchas muertes y decenas de desaparecidos entre los sectores que pugnaban por el imperio de la justicia social en Honduras. Entrado el Siglo XXI los demócratas y reformadores sociales pensaron que este cuerpo armado había evolucionado. Pues no, la realidad es que las Fuerzas armadas de Honduras han vuelto a las andadas al embarcarse en otra aventura golpista el 28 de junio de 2009.
¿Pueden imaginarse los hondureños cuánto avanzarían en progreso educativo, social y cultural si los presupuestos asignados a una institución armada permanente se asignaran a reforzar los programas educativos, de capacitación, de salud y mantenimiento del medio ambiente? Y como el mantenimiento del orden público y el combate al crimen organizado y la criminalidad común son tareas imprescindibles del Estado, un cuerpo de policía civil podría continuar desempeñando estas funciones. Y como no se trata de dejar sin empleo a los militares, lo que ahora conocemos como ejército podría convertirse en esa fuerza civil no sin antes, eso sí, deshacerse de tanto instrumento de guerra y de muerte que sólo desgracias ha traído a los hondureños. Por esto y más es que urge el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente y se abra un debate nacional sobre si realmente es necesario mantener un cuerpo armado tan oneroso como ése que ahora conocemos como Fuerzas Armadas.
Para cerrar esta nota, yo pregunto: ¿Por qué Honduras se ha mantenido por tanto tiempo entre los dos países más pobres de América Latina aun con la ventaja que da el período democrático inaugurado en 1982? ¿Es Honduras un Estado democrático con igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales o un Estado clientelar con abundantes ´´cuellos de botella´´ que garantizan el control arbitrario de una pequeña clase empresarial de mentalidad feudal, de insaciable voracidad monetaria y de escasas luces culturales y espirituales? ¿Qué intereses representan a la hora de las decisiones importantes los diputados al Congreso Nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, los Ministerios del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y otras instituciones hondureñas? ¿Por qué vemos otra vez reinaugurada en Honduras la nefasta práctica de los golpes de Estado? ¿Es posible la reconciliación en Honduras a partir de ideales, valores y objetivos comunes? ¿Es posible una reforma social ´´a la hondureña´´? Los costarricenses hicieron una reforma social ´´a la tica´´. No fue fácil, pero lo lograron. ¿Y los hondureños?

Un abrazo.
Juan Bautista Moreno.